La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, encabeza su primer gran proceso de presunta corrupción administrativa con la puesta en marcha de la Operación Lobo, una investigación que ha destapado una supuesta red delictiva conformada por coroneles activos, generales retirados y empresarios. Según el Ministerio Público, el grupo operaba bajo un esquema de sobornos para adjudicar contratos de seguridad privada en instituciones del Estado, y hasta el momento se han arrestado 15 personas.
Esta operación representa una prueba de fuego para Reynoso, quien asumió el cargo en febrero de este año y ha prometido una gestión frontal contra la impunidad.
La acompañan en esta tarea Wilson Camacho, actual director general de Persecución, y Mirna Ortiz, directora de la Pepca, ambos con experiencia previa en casos de alto perfil durante la administración de la exprocuradora Miriam Germán Brito. Reynoso ha reiterado que bajo su mandato “la corrupción jamás podrá penetrar a nuestro despacho”.
Entre los arrestados figuran altos mandos militares y policiales como el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, y varios coroneles en servicio activo. También fueron detenidos empresarios vinculados a los contratos otorgados en instituciones clave como el Inaipi, el Senasa y las distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur. El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva como medida de coerción por la gravedad de los hechos.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, dirigida por Milagros Ortiz Bosch. La acusación preliminar señala que algunos de los implicados han confesado el pago de sobornos para obtener contratos millonarios, lo que refuerza la intención del Ministerio Público de llevar el caso hasta las últimas consecuencias.
La ciudadanía y diversos sectores observan de cerca este proceso como un termómetro del compromiso real del actual Ministerio Público con la transparencia institucional.
