Un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva a José Antonio, también identificado como José Eduardo, acusado de agredir a su pareja, Santa Victoriana Calderón. La medida judicial se cumplirá en el centro penitenciario de Rafey, a pesar de que la mujer confirmó haber desistido de la acusación en su contra.

El acusado defendió su inocencia, asegurando que nunca agredió a su pareja y que ella misma había hecho un desistimiento: “Yo no le he puesto la mano a nadie”, declaró. Además, solicitó a las autoridades que revisen su caso, asegurando que se trata de una situación injusta.

Por su parte, Santa Victoriana Calderón reafirmó su apoyo al hombre, señalando que los golpes por los que fue acusado se los causó ella misma y que nunca sufrió violencia por parte de su pareja. La mujer expresó su desconcierto ante la decisión judicial y aseguró que el juez no tomó en cuenta su desistimiento, calificando la medida como injusta.

La pareja, que lleva 20 años de relación y no tiene hijos, pidió que se considere la apelación para corregir la decisión. Ambos coincidieron en que la medida de prisión preventiva afecta su vida de manera desproporcionada y confiaron en que la justicia tome en cuenta su versión antes de que se cumpla la sanción.

Penalidad

En República Dominicana, la violencia de género está tipificada como un delito grave y conlleva sanciones severas según la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar y la Ley 136-03 que modifica el Código Penal. Las penas varían dependiendo de la gravedad de los hechos, incluyendo prisión de varios años, multas, y medidas de protección para la víctima, como órdenes de alejamiento y asistencia psicológica. Los tribunales pueden imponer sanciones adicionales si se demuestra que hubo uso de armas, lesiones graves o riesgo para la vida de la víctima.

Además, la legislación contempla la posibilidad de medidas preventivas y de protección inmediata, como la prisión preventiva del agresor mientras se desarrolla el proceso judicial. Los jueces pueden imponer restricciones sobre contacto, residencias y lugares de trabajo, con el objetivo de garantizar la seguridad de la víctima y prevenir la reincidencia. La ley busca no solo sancionar al agresor, sino también proteger los derechos fundamentales de las mujeres y asegurar que la violencia de género sea atendida de manera efectiva por el sistema judicial.