Las desapariciones de varios choferes ocurridas en la región Este encendieron las alarmas de las autoridades, que ahora amplían sus pesquisas hacia la frontera sur. El patrón de los crímenes y la forma en que los vehículos eran seleccionados revelan la existencia de una estructura organizada que operaba de este a oeste, cruzando provincias y utilizando rutas estratégicas para mover bienes robados.
Durante meses, las investigaciones han vinculado los hechos con una banda que no actuaba al azar, sino bajo órdenes específicas de localizar vehículos determinados, lo que evidencia una cadena de compra y comercialización ilícita. El hallazgo de varios cuerpos y la recuperación de evidencias en diferentes puntos del país fortalecen la hipótesis de que el grupo tenía ramificaciones tanto en la zona Este como en localidades fronterizas.
El trabajo de las autoridades ahora se centra en desmantelar la red completa, identificando a quienes facilitaban la logística y la venta de los vehículos robados. Este caso ha destapado la magnitud de un mercado paralelo de transporte ilegal y la necesidad de reforzar los controles de seguridad y trazabilidad de automotores en todo el territorio nacional.
