El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó este lunes que el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 97-25, marcando una reforma profunda al Código Procesal Penal y dejando atrás la Ley 10-15. La nueva normativa actualiza una de las piezas esenciales del sistema judicial dominicano, en un momento en que el país reclamaba mayor efectividad y coherencia en los procesos penales.
Peralta destacó que esta reforma incorpora criterios ya establecidos por el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, alineando el marco jurídico con los principios democráticos y las exigencias actuales del Estado social y democrático de derecho.
Según explicó, la Ley 97-25 moderniza el texto vigente fortaleciendo elementos cruciales de los 28 principios que rigen el proceso penal, consolidando un modelo más ágil, garantista y coherente. Con esta promulgación, el Gobierno asegura que se da un paso decisivo hacia un sistema de justicia más eficiente, transparente y ajustado a los estándares modernos de protección de derechos.
La reforma también busca cerrar brechas procedimentales que durante años generaron retrasos, decisiones contradictorias y espacios de discrecionalidad que afectaban la seguridad jurídica. Con la nueva ley, se precisan etapas, se fortalecen las garantías para víctimas y acusados, y se introducen herramientas que permiten mayor rapidez en la investigación y en la respuesta del Ministerio Público y los tribunales.
Asimismo, la Ley 97-25 incorpora ajustes para mejorar el equilibrio entre la persecución penal y los derechos fundamentales, haciendo énfasis en la proporcionalidad de las medidas de coerción, la protección de menores, el respeto al debido proceso y la ampliación de mecanismos alternos para resolver conflictos sin congestionar el sistema judicial.
El Poder Ejecutivo resaltó que esta actualización del Código Procesal Penal forma parte de la política integral de modernización institucional que impulsa el Gobierno. Con la reforma, aseguran que se fortalecerá la confianza ciudadana en la justicia y se avanzará hacia un sistema más transparente, funcional y acorde con las necesidades actuales del país.