Las comunidades de Santiago Oeste continúan denunciando el abandono institucional frente a la prolongada crisis del servicio de agua potable. Dirigentes comunitarios y representantes locales aseguran que llevan más de tres años esperando la intervención de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), pese a que existen fondos millonarios aprobados para la construcción de un acueducto que, hasta la fecha, no presenta avances reales. Según los comunitarios, solo se han colocado algunos tubos sin que la obra funcione, mientras el problema se agrava con cada período de lluvias.
Los residentes explican que el desbordamiento constante de agua contaminada provoca malos olores, insalubridad y daños estructurales en las viviendas. Aseguran que han agotado múltiples vías institucionales sin recibir respuestas concretas, por lo que anunciaron que citarán públicamente a las autoridades responsables, incluyendo al director de Obras Públicas y al director de Coraasan, con la esperanza de que acudan y enfrenten la situación. Aunque descartan acciones violentas, advierten que el cansancio social es profundo y que el tema tendrá repercusiones políticas cuando se acerquen los procesos electorales.
A este panorama se suma la preocupación por el uso indebido de agentes policiales en servicios privados. Denuncias indican que numerosos policías son asignados informalmente a labores ajenas a la seguridad pública, como vigilancia privada, choferes o tareas domésticas, mientras las comunidades carecen de patrullaje efectivo. La Dirección de la Policía Nacional anunció operativos para rescatar a estos agentes y reincorporarlos al servicio institucional. En medio de reclamos sociales, deficiencias administrativas y descontento ciudadano, las comunidades reiteran que no piden favores, sino derechos básicos: agua, seguridad y presencia real del Estado.
