Pro Consumidor sometió ante el Ministerio Público a la empresa Templaris, tras recibir cientos de denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de embargos y congelamientos de cuentas bancarias de forma presuntamente ilegal y extorsiva. Según los reportes, la compañía habría ordenado retenciones contra personas que no tienen vínculo con las deudas reclamadas, incluyendo casos de préstamos ya pagados, caducados o contraídos por terceros, afectando gravemente la estabilidad económica de familias dominicanas.
Las autoridades advierten que existe un vacío legal en la figura del embargo retentivo que ha sido aprovechado para cometer abusos. Varios de los afectados denuncian que les han bloqueado incluso cuentas de nómina, práctica que está expresamente prohibida en el Código de Trabajo. Este tipo de acciones no solo viola el debido proceso, sino que pone en riesgo el sustento de trabajadores, pensionados y pequeños ahorrantes.
A raíz de la avalancha de querellas, Pro Consumidor elevó una instancia a la Procuraduría General de la República, solicitando una investigación exhaustiva contra Templaris y contra todo actor que pueda estar involucrado en lo que califican como un posible esquema de chantaje procesal. De su lado, la Superintendencia de Bancos ha mostrado preocupación por la situación, al tiempo que impulsa un proyecto de ley destinado a endurecer los requisitos y controles para la ejecución de embargos retentivos.
De acuerdo con datos expuestos durante la investigación, más de RD$28,700 millones estarían actualmente retenidos en el sistema financiero por concepto de embargos, una parte significativa de ellos bajo circunstancias consideradas irregulares. Entre los casos documentados figuran personas divorciadas desde hace más de una década, o sin ningún tipo de relación legal con el supuesto deudor, que aun así han sido vinculadas a compromisos financieros ajenos.
Expertos en derecho civil advierten que este tipo de práctica vulnera derechos constitucionales fundamentales, como la propiedad, la seguridad jurídica y el debido proceso. Asimismo, recuerdan que cualquier persona afectada por un embargo sin fundamento legal puede iniciar acciones indemnizatorias contra los responsables, incluyendo a las empresas, abogados y alguaciles que participen en dichos procedimientos.
Pro Consumidor reiteró su llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y revisar constantemente su estatus financiero. En caso de detectar un embargo irregular, exhortan a acudir de inmediato ante los tribunales y a solicitar orientación tanto en la Superintendencia de Bancos como en el propio organismo de defensa del consumidor, mientras continúan las investigaciones en este delicado caso que ha encendido las alarmas en el sistema financiero nacional.
