Tamboril, Santiago.- Miembros de la División de Investigación de Delitos Contra la Propiedad apresaron a una mujer acusada de sustraer cinco mil dólares de una residencia en la que se hospedaba como invitada, en un hecho ocurrido a finales de diciembre de 2024.
La detenida fue identificada como Rocío de la Cruz Durán, de 37 años, residente en el sector El Caño del municipio de Tamboril. Su arresto se produjo mediante orden judicial No. 2025-AJ0014380, tras una denuncia presentada por la afectada.
De acuerdo con el reporte policial, Durán habría salido supuestamente al colmado y no regresó, momento en el que la denunciante descubrió la desaparición del dinero, el cual se encontraba guardado en su cartera dentro de una habitación.
Durante su detención, la mujer admitió de forma verbal haber cometido el hecho, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer por completo el caso.
La delincuencia en la República Dominicana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, afectando tanto a zonas urbanas como rurales. Robos, atracos a mano armada, homicidios y violencia juvenil figuran entre los delitos más frecuentes, generando un clima de inseguridad que impacta directamente la calidad de vida de los ciudadanos. Las denuncias por hechos delictivos aumentan día tras día, y muchos de estos crímenes son perpetrados en plena luz del día, lo que ha provocado una creciente desconfianza en la capacidad de las autoridades para garantizar el orden público.
A pesar de los esfuerzos del gobierno y de la Policía Nacional, que ha implementado operativos y planes estratégicos como el “Mi País Seguro”, las estadísticas continúan mostrando cifras preocupantes. Factores como el desempleo, la desigualdad social, la impunidad y la falta de oportunidades para los jóvenes han sido señalados como causas estructurales que alimentan la criminalidad. La ciudadanía exige medidas más efectivas y sostenidas, así como una reforma profunda del sistema judicial y policial que priorice la prevención y garantice la justicia para las víctimas.
