El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunció que, por primera vez en la historia de la República Dominicana, el Estado tendrá control total sobre el software y el código fuente del sistema de licencias de conducir. La medida busca garantizar la soberanía tecnológica, la seguridad de los datos de los ciudadanos y la transparencia en la gestión del servicio, evitando los problemas de malversación y corrupción que han marcado el manejo previo de este sistema.
El Intrant explicó que el proceso de captura, validación y almacenamiento de los datos personales y biométricos se realizará mediante conexiones seguras y encriptadas, siguiendo estándares internacionales de protección de la información, sin que ninguna empresa extranjera tenga acceso a la base de datos nacional.
El consorcio ganador de la licitación es Mobility ID, integrado por empresas de Estados Unidos, Brasil, Panamá y República Dominicana, incluyendo GET Secure ID, Consorcio CTC, Thomas Greg y Sons Gráfica. La institución aclaró que no hay empresas haitianas involucradas y que el consorcio se encargará de la producción, importación y gestión de los equipos necesarios para emitir las licencias de conducir en el país.
Con esta iniciativa, el Intrant asegura que la gestión de las licencias se realizará bajo estrictos controles de seguridad y transparencia, marcando un hito en la administración tecnológica de servicios estatales y reforzando la confianza ciudadana en el sistema.
La directora del Intrant destacó que esta medida también permitirá agilizar los procesos de emisión de licencias, reducir los tiempos de espera y minimizar los riesgos de fraude o duplicidad en los documentos. “Ahora el Estado domina completamente la plataforma tecnológica, lo que asegura que los datos de los ciudadanos estén protegidos y que el servicio sea más eficiente y confiable para todos”, afirmó.
Además, el Instituto aseguró que se implementarán auditorías periódicas y controles internos para supervisar la operación del sistema y garantizar que los procedimientos cumplan con la normativa nacional e internacional. Con ello, se busca recuperar la confianza pública y sentar un precedente en la gestión digital de servicios estatales, fortaleciendo la transparencia y la seguridad informática en la República Dominicana.
