El abogado Ángel Lockward solicitó la exclusión de 559 pruebas presentadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se sigue en su contra, al considerar que fueron obtenidas de manera ilegal. Las evidencias están vinculadas a un caso de supuesta corrupción que, según las autoridades, habría ocasionado un perjuicio al Estado dominicano superior a los 21,000 millones de pesos.
Lockward fundamenta su petición en cuestionamientos a la legalidad de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, organismo que elaboró los informes utilizados como pruebas por el Ministerio Público. De acuerdo con su defensa, dicha unidad no contaba con base legal al momento en que se produjeron los documentos.
El jurista aseguró que la Unidad Antifraude fue creada formalmente mediante el decreto 382-2025, por lo que —según argumenta— resulta improcedente que se le atribuya la elaboración de investigaciones realizadas hace aproximadamente cinco años. En ese sentido, denunció lo que calificó como un “anacronismo procesal”, al entender que se pretende validar de forma retroactiva un trabajo realizado antes de la existencia legal de la entidad.
Lockward también calificó el proceso como una “irresponsabilidad” y un acto de “maldad” por parte del gobierno, al que acusa de incurrir en fraude procesal mediante el uso de pruebas que, a su juicio, carecen de legitimidad jurídica.
Como parte de sus acciones legales, informó que ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo para impugnar la legalidad de la Unidad Antifraude, así como recursos de inconstitucionalidad contra las pruebas emanadas de dicha dependencia.
El proceso continúa en conocimiento de los tribunales, mientras se evalúan los planteamientos de la defensa sobre la validez de las pruebas presentadas por el órgano acusador.
