DNCD decomisa 3,000 cigarros de marihuana en aeropuerto de Punta Cana

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confiscaron 3,000 cigarros de marihuana durante un operativo de inspección realizado en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia.

La sustancia fue detectada por una unidad canina mientras se revisaban cientos de cajas en uno de los depósitos de carga de la terminal aérea.

La operación se llevó a cabo en coordinación con el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac), inspectores de la Dirección General de Aduanas (DGA) y representantes del Ministerio Público.

Por orden del fiscal, las autoridades abrieron dos cajas sospechosas, encontrando 300 envases plásticos con 10 cigarros cada uno, lo que totaliza 3,000 unidades del vegetal, conocido como blunt o philly. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que el cargamento tenía un peso de 12.80 libras. Según el manifiesto, los paquetes procedían de Miami y tenían como destino final la República de Argentina.

Contrabando de droga

La República Dominicana continúa enfrentando serios desafíos relacionados con el contrabando de drogas, dado su papel estratégico como punto de tránsito en rutas del narcotráfico internacional. Las autoridades han intensificado los operativos en puertos, costas y zonas fronterizas, en un esfuerzo por impedir que sustancias ilícitas entren o salgan del país hacia destinos en Norteamérica y Europa. Este tipo de actividades delictivas suele estar vinculado a redes organizadas que operan con recursos logísticos sofisticados y contactos locales.

A pesar de los constantes decomisos y arrestos, el contrabando de drogas sigue siendo una amenaza persistente para la seguridad y estabilidad de la nación. Las autoridades dominicanas han reforzado su cooperación con organismos internacionales para mejorar los mecanismos de detección e inteligencia. No obstante, expertos coinciden en que el combate efectivo contra este flagelo también requiere fortalecer los sistemas judiciales, aumentar la vigilancia tecnológica y abordar los factores sociales que alimentan la participación local en estas redes.