La comunicadora Consuelo Despradel reveló que el gobierno de Danilo Medina había diseñado un plan para establecer refugios para haitianos en áreas dominicanas con altos índices de inseguridad. Según Despradel, esta estrategia buscaba crear zonas de “refugio” en regiones con elevados niveles de violencia, lo que generó preocupación entre sectores que consideran que esto podría agravar la situación de seguridad en esas áreas.
La propuesta del gobierno de Danilo Medina incluía la creación de espacios destinados a albergar a haitianos en zonas donde la presencia del crimen organizado y la violencia eran predominantes. Esta iniciativa fue vista por algunos como una medida para gestionar la crisis migratoria, mientras que otros la interpretaron como una forma de trasladar la presión migratoria hacia comunidades ya vulnerables.
Despradel recordó el fallido proceso de regularización implementado durante el gobierno de Danilo Medina, que buscaba legalizar la situación de los inmigrantes haitianos en el país. Este proceso fue criticado por su falta de eficacia y por no haber logrado una integración real de la población haitiana en la sociedad dominicana.
La propuesta de establecer refugios en zonas de alta inseguridad ha generado un debate sobre la necesidad de encontrar soluciones más efectivas y equitativas para abordar la crisis migratoria y garantizar la seguridad de todas las comunidades involucradas.
El anuncio de este plan ha generado reacciones divididas entre políticos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Mientras algunos sectores expresan preocupación por el posible aumento de la inseguridad en las zonas designadas como refugios, otros consideran que la medida refleja una falta de políticas migratorias claras y humanitarias por parte del Estado dominicano.
Expertos en seguridad y derechos humanos han señalado que la creación de estos refugios podría profundizar la segregación y exclusión social, además de poner en riesgo tanto a los refugiados haitianos como a las comunidades dominicanas que habitan esas áreas. Insisten en la necesidad de promover un enfoque integral que contemple la protección, integración y desarrollo conjunto.
Por su parte, representantes gubernamentales de aquel entonces defendieron la propuesta como una respuesta temporal ante la presión migratoria y la violencia, argumentando que buscaban un equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la falta de seguimiento y transparencia en la implementación generó dudas sobre la eficacia real de esta estrategia.
