Nuria Piera reveló nuevos elementos en el escándalo que sacude al poder judicial dominicano, mostrando cómo una red de jueces manipulaba decisiones para favorecer al crimen organizado. Francisco Arias Valera, señalado como líder del entramado, ha sido vinculado con amenazas, presiones indebidas y presunta complicidad con estructuras sicariales. La jueza Santa Moreno denunció haber sido castigada por oponerse a estas prácticas, mientras que otras voces, como Juan Hubieres, han advertido sobre el poder de este grupo, que, según él, combina influencia judicial, policial y económica.
El caso ha cobrado fuerza con la implicación de Participación Ciudadana, que confirmó reuniones con la jueza suspendida Ahuilda Reyes, quien habría admitido irregularidades en el proceso judicial. Mientras algunos jueces implicados optan por el silencio, otros, como Reyes y Arias Valera, han realizado declaraciones públicas. Sin embargo, el enfoque judicial sigue centrado en Reyes, pese a que otras figuras como Radhamés Jiménez y el propio Arias Valera no han sido aún formalmente procesadas.
Las denuncias de manipulaciones en ascensos, represalias internas y uso de puestos clave para liberar a delincuentes refuerzan la imagen de una mafia incrustada en el sistema de justicia. Las acusaciones incluyen desde tráfico de influencia hasta intentos de soborno con sumas millonarias. Todo apunta a un esquema complejo y peligroso que ha vulnerado los cimientos éticos del sistema judicial dominicano, generando alarma entre los sectores sociales que claman por justicia real y profunda reforma institucional.
