El incremento de robos en distintas regiones del Perú y la percepción de ineficacia de las autoridades han generado un fenómeno alarmante: ciudadanos que deciden tomar la justicia por sus propias manos. En la provincia de Huaral, un presunto ladrón fue retenido y golpeado por vecinos tras arrebatarle la cartera a una joven. En Cajamarca, ronderos sometieron a tres acusados de robo de ovejas a castigos físicos públicos. Estos episodios reflejan un clima de hartazgo social tanto en zonas rurales como urbanas, donde muchos aseguran que la respuesta policial es insuficiente o tardía.
En barrios populares de Lima, residentes afirman que rara vez observan patrullaje constante y que los detenidos suelen ser liberados poco después de ser trasladados a una comisaría. Este sentimiento de impunidad ha impulsado la organización vecinal para capturar y castigar a presuntos delincuentes. Sin embargo, en algunos casos la violencia ha escalado a niveles extremos, como ocurrió en Puno, donde una turba incendió a un sospechoso, provocando su muerte. Estos hechos evidencian el riesgo de que la indignación colectiva derive en acciones irreversibles.
Especialistas advierten sobre las consecuencias sociales y legales de estos actos. El antropólogo Raúl Castro señala que cuando las masas actúan al margen de la institucionalidad pueden desbordarse emociones que conducen a episodios de extrema crueldad. Un sondeo reciente indica que el 75 % de los peruanos no se siente protegido por la Policía Nacional, dato que explica, aunque no justifica, la proliferación de estos linchamientos. El desafío para el Estado consiste en recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la seguridad pública y evitar que la violencia comunitaria sustituya al sistema de justicia formal.
