En el sector Cienfuegos de Santiago, residentes han alzado la voz tras alegar hechos de abuso por parte de agentes de la Dirección General de Migración (DGM) durante operativos para detener inmigrantes indocumentados. Vecinos dominicanos y haitianos relataron que los agentes irrumpieron viviendas a tempranas horas, rompiendo puertas y obligando a entregar dinero y pertenencias bajo amenazas.
Testigos coinciden en que en algunas casas los agentes exigieron hasta 10 000 pesos para evitar arrestos, y no dudaron en saquear celulares, efectivo y otros objetos de valor.
En una ocasión documentada en Gurabo, los agentes irrumpieron del modo descrito por los afectados: “rompieron puertas a martillazos” y actuaron más como “vándalos saqueadores” que como autoridades.Estas denuncias coinciden con informes internacionales que señalan tratos degradantes y abuso físico contra ciudadanos de ascendencia haitiana durante redadas migratorias en República Dominicana.
En respuesta, la DGM aseguró que investiga las acusaciones y reafirmó su compromiso con los derechos humanos, aunque ha sido criticada por la falta de resultados concretos.
La comunidad local exige medidas contundentes: una supervisión más estricta, sanciones a los responsables y protocolos claros para evitar que operativos legítimos se conviertan en episodios de represalia y vulneración de derechos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto locales como internacionales, han condenado estos hechos y solicitado al gobierno dominicano una revisión profunda de los procedimientos utilizados en los operativos migratorios. Aseguran que no se puede tolerar el uso de la fuerza sin supervisión ni justificación, y han recordado que la lucha contra la inmigración irregular no debe traducirse en persecuciones arbitrarias ni atropellos a la dignidad humana.
Mientras tanto, líderes comunitarios de Cienfuegos han convocado encuentros con autoridades municipales y provinciales para exigir respuestas, transparencia y respeto a los derechos de todos los residentes, sin importar su nacionalidad. Afirman que las acciones denunciadas solo generan temor, división y resentimiento entre comunidades que por años han convivido en armonía.
