En una tensa audiencia en el Senado, Robert Kennedy Jr., secretario de Salud, salió al frente de cuestionamientos de legisladores tanto demócratas como republicanos, defendiendo enérgicamente las políticas sanitarias de la administración Trump. La sesión, marcada por largas filas y protestas, evidenció el profundo debate sobre los cambios recientes en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), incluyendo despidos masivos y modificaciones en la política de vacunas, especialmente las de COVID-19.
Varias figuras del Congreso cuestionaron duramente a Kennedy. La senadora de Washington lo calificó de “charlatán”, mientras que Mike Warner de Virginia lo tildó de ignorante por desconocer la cifra oficial de más de un millón de muertes por coronavirus. A pesar de las críticas, Kennedy negó ser antivacunas y rechazó las acusaciones de la exdirectora de los CDC sobre presiones para favorecer a un panel asesor con tendencias antivacunas.
Kennedy insistió en que los cambios buscan fortalecer la salud pública y argumentó que la decisión sobre ciertas vacunas debería involucrar a los padres, a la vez que destacó que la mayoría de familias aprueba los requisitos de vacunación escolar. La sesión refleja la polarización en torno a la gestión sanitaria del gobierno y abre un debate sobre la autonomía parental y la protección de la salud pública.
Durante la audiencia, Kennedy también defendió los despidos en los CDC, asegurando que eran necesarios para reorganizar la institución y mejorar la eficiencia en la respuesta a emergencias sanitarias. Señaló que las reformas buscan modernizar los protocolos y garantizar que las decisiones se basen en evidencia científica, aunque reconoció que algunos cambios han generado preocupación entre la ciudadanía y profesionales de la salud.
Por su parte, legisladores de ambos partidos manifestaron que continuarán vigilando de cerca las acciones del Departamento de Salud, subrayando la necesidad de transparencia y rendición de cuentas. Mientras tanto, la defensa de Kennedy refleja la estrategia del gobierno de enfatizar la autonomía parental en temas de vacunación y reforzar su postura frente a críticos que cuestionan su manejo de la salud pública durante la pandemia.