El embarazo en niñas y adolescentes continúa representando una de las crisis sociales más graves de la República Dominicana. Especialistas, educadoras y representantes de organizaciones comunitarias coinciden en que la situación ha alcanzado niveles alarmantes, con una tasa nacional que ronda el 22 %, y cifras aún más críticas en la región sur, donde provincias como Azua y Pedernales superan el 35 %. A pesar de inversiones estatales y programas oficiales, los indicadores no muestran una reducción sostenida, lo que obliga a replantear las estrategias actuales.

Durante recientes espacios de análisis social, se señaló que una de las principales causas del problema es la falta de educación sexual integral y oportuna. Muchos adolescentes inician su vida sexual sin información adecuada, guiados por contenidos digitales, música o pornografía, sin comprender las consecuencias. A esto se suma el adultocentrismo, una cultura que limita la autonomía juvenil y dificulta el acceso confidencial a métodos anticonceptivos. En numerosos casos, los jóvenes desconocen dónde obtener preservativos o atención médica gratuita, aun cuando estos servicios existen dentro del sistema público.

La situación se agrava en comunidades rurales y zonas empobrecidas, donde la ausencia de proyectos de vida convierte el embarazo temprano en una realidad normalizada. Especialistas advierten que sin metas educativas, recreativas o profesionales, muchas adolescentes no perciben razones para postergar la maternidad. Asimismo, la falta de servicios de salud amigables, libres de juicio y estigmatización, continúa siendo una barrera determinante. Frente a este escenario, el consenso es claro: se requiere una respuesta integral que combine educación sexual efectiva, acompañamiento familiar, acceso real a métodos anticonceptivos y políticas públicas que devuelvan a las niñas la posibilidad de soñar con un futuro distinto.