El reciente cierre administrativo del gobierno de Estados Unidos, aunque genera dificultades internas para esa nación, tendría consecuencias limitadas para la República Dominicana, aseguraron expertos en relaciones internacionales. Según el historiador Isaías Ortega Peguero y el especialista Iván Gatón, la situación podría resolverse la próxima semana y no afectará significativamente a nuestro país.

“El sistema estadounidense no permitirá que el Estado colapse; los demócratas y republicanos harán los arreglos necesarios. El establishment protege la estabilidad del país”, explicó Gatón, destacando que las medidas de cierre incluyen la suspensión de pagos a empleados y el envío a casa de personal en vacaciones forzadas.

Por su parte, el catedrático Juan del Rosario señaló que, aunque el impacto para República Dominicana es limitado, sí se observa un efecto sobre el esquema migratorio estadounidense, especialmente en la detención y deportación de inmigrantes irregulares. “Hay una calma tensa en esos procesos mientras se resuelve la crisis”, afirmó.

En el plano local, la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo informó que sus cuentas oficiales en redes sociales no se actualizarán regularmente hasta que se reanuden las operaciones, reflejando las restricciones temporales provocadas por el cierre administrativo.

Cierre administrativo de EE.UU.

El cierre administrativo del gobierno de Estados Unidos ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto federal o una medida temporal de financiamiento, lo que provoca la paralización de varias agencias y servicios gubernamentales considerados “no esenciales”. Durante estos periodos, miles de empleados federales dejan de recibir su salario, algunos son enviados a casa en vacaciones forzadas y se suspenden ciertos programas y trámites, aunque los servicios críticos, como seguridad nacional, atención médica de emergencia y fuerzas armadas, continúan operando.

Este tipo de cierre es relativamente común en la historia política estadounidense y refleja principalmente desacuerdos entre los partidos políticos, generalmente demócratas y republicanos, sobre prioridades presupuestarias y políticas públicas. Aunque genera incertidumbre y afecta a la economía interna del país, el impacto suele ser temporal, ya que una vez alcanzado un acuerdo presupuestario, las operaciones se reanudan y los empleados reciben los pagos atrasados.