Cientos de trabajadoras sexuales venezolanas se han integrado formalmente al gremio que agrupa a quienes ejercen esta labor en la República Dominicana. Representantes del colectivo afirmaron que no enfrentan discriminación entre sus pares ni consideran su llegada como competencia desleal, pues muchas dominicanas también han migrado a otros países para realizar este tipo de trabajo.
Las voceras señalaron que su principal preocupación es la violencia institucional que, aseguran, sufren con frecuencia. Denuncian que agentes policiales les impiden trabajar, las hostigan y en ocasiones las maltratan físicamente. A esto se suma la discriminación que —según indican— viven en centros de salud, donde afirman ser tratadas de manera desigual por el personal médico.
El gremio anunció que trabajará en conjunto con autoridades sanitarias, policiales y judiciales para exigir el respeto de sus derechos laborales y humanos. Sostienen que la justicia y los fiscales suelen ignorar las denuncias, lo que perpetúa un clima de vulnerabilidad. Insisten en que el trabajo sexual es una actividad económica que debe ser reconocida y protegida.
