La semana política estuvo marcada por una actividad inusual y constante, donde la agenda nacional se mezcló con escenarios internacionales. Tras el paso del ciclón Irma, el país observó con atención el posible reinicio de la docencia pública. El ministro de Educación recorrió comunidades del interior, evaluó planteles deteriorados y llamó al retorno a clases, mientras brigadas oficiales trabajaban en calles y alcantarillas para restablecer la normalidad. La imagen fue clara: un Estado intentando mostrar control y presencia, aunque las grietas físicas de las escuelas reflejaban problemas estructurales más profundos.
En paralelo, la Cancillería dominicana se convirtió en epicentro de un proceso de diálogo entre representantes del gobierno venezolano y sectores de su oposición. La expectativa mediática fue alta, marcada por desorden logístico, hermetismo oficial y escenas tensas con la prensa. Figuras internacionales y altos funcionarios circularon entre hoteles y salones cerrados, mientras se imponían controles de seguridad y se limitaba el acceso informativo. La falta de explicaciones alimentó especulaciones, reforzando la percepción de improvisación y opacidad en un evento de alto impacto regional.
El cierre de las jornadas dejó discursos medidos y declaraciones contradictorias. Las autoridades destacaron la “buena disposición” y anunciaron nuevas rondas de diálogo, mientras voceros oficialistas venezolanos calificaron el proceso como exitoso, ignorando denuncias internacionales sobre represión y violencia. Para muchos observadores, el escenario dominicano funcionó más como vitrina diplomática que como espacio de soluciones reales. Entre promesas, controles y silencios, quedó en evidencia la distancia entre la narrativa oficial y la realidad que enfrenta el pueblo venezolano, aún atrapado entre negociaciones políticas y una crisis que no encuentra alivio inmediato.
