Defensa de Jochi Gómez califica de ‘ilegal’ incautación de su residencia por caso Intrant
Miembros del Ministerio Público (MP) ejecutaron este viernes la incautación preventiva de una inmueble propiedad de José Ángel Gómez Caná, más conocido como Jochi Gómez, imputado en el sonado caso de corrupción que involucra al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). La medida fue llevada a cabo en la residencia de Gómez, ubicada en la torre Lo Global de la capital dominicana, con el objetivo de asegurar el bien y evitar que el investigado realice transacciones económicas mientras el proceso penal sigue su curso. Jochi Gómez es acusado de asociación de malhechores para cometer actos de corrupción y estafa en perjuicio del Estado.
La ejecución de la incautación se produce días después de que la jueza Patricia Padilla, del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, estableciera como fecha límite el pasado 8 de octubre para que el Ministerio Público presentara su acto conclusivo. Este plazo, que ya expiró, ha sido el principal argumento de la defensa del imputado para cuestionar la legalidad de las recientes acciones del órgano persecutor.
El abogado Carlos Balcácer, representante legal de Jochi Gómez, reaccionó inmediatamente a la medida, declarándola como “ilegal”. Según Balcácer, cualquier actuación procesal ejecutada por el MP tras la fecha límite otorgada por la jueza para finalizar la investigación carece de validez. La defensa sostiene que, al haberse vencido la prórroga judicial, el Ministerio Público se encuentra en una situación de irregularidad procesal.
Jochi Gómez figura como uno de los principales imputados en la compleja trama de corrupción que también incluye al exdirector del Intrant, Hugo Veras, y a otros coimputados. La investigación busca determinar cómo se orquestaron las supuestas maniobras fraudulentas y el desfalco de recursos públicos desde la institución gubernamental, encargada de regular el transporte terrestre en la República Dominicana.
A la luz de los acontecimientos y la postura de la defensa, se anticipa que el Ministerio Público será formalmente intimado por la parte acusada en los próximos días. Esta acción legal busca obligar al órgano persecutor a definir la situación procesal de Gómez, ya sea presentando la acusación formal o solicitando un sobreseimiento, poniendo así un nuevo punto de tensión en el desarrollo de este mediático caso de corrupción.
