Contraloría ha ejecutado más de 200 auditorías en tres años: solo 39 concluidas y pocos hallazgos graves
Santo Domingo — La Contraloría General de la República informó que ha ejecutado más de 200 auditorías en distintas instituciones del Estado en los últimos tres años, de las cuales apenas 39 han sido completadas hasta la fecha.
El contralor Félix Santana García explicó que la mayoría de los hallazgos en las auditorías han sido de carácter menor o “subsanables”, sin indicios que ameriten ser llevados ante el Ministerio Público. Sin embargo, señaló que en casos puntuales, como los del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), las irregularidades detectadas sí fueron remitidas a la Procuraduría a través de la unidad antifraude de la Contraloría.
“De esas 264 auditorías aplicadas al gobierno central, los hallazgos en su mayoría son manejables. Solo unos pocos han requerido investigación penal”, afirmó Santana.
Asimismo, el contralor valoró de manera positiva la reciente promulgación de la ley de contrataciones públicas, la cual considera fortalecerá la transparencia y aumentará la confianza ciudadana. Las declaraciones fueron ofrecidas durante la presentación del Plan Estratégico Institucional 2025–2028.
Auditorias en RD
En República Dominicana, una auditoría es un proceso de revisión y evaluación sistemática que se realiza sobre los registros financieros, operativos o administrativos de una institución pública o privada, con el objetivo de verificar si se han manejado de manera adecuada los recursos, cumpliendo con las leyes, normas y procedimientos establecidos. Las auditorías permiten detectar errores, irregularidades o posibles actos de corrupción, y suelen ser llevadas a cabo por órganos como la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas o firmas privadas especializadas.
En el sector público, las auditorías son fundamentales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de fondos del Estado. A través de ellas, se identifican debilidades en los sistemas de control interno, se formulan recomendaciones correctivas y, en casos graves, se remiten los hallazgos al Ministerio Público para su posible judicialización. Este proceso fortalece la institucionalidad y contribuye a mejorar la confianza ciudadana en la gestión gubernamental.
