Higüey. — Un recluso del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-14 Anamuya protagonizó este martes una breve fuga mientras era trasladado al Palacio de Justicia de Higüey para una audiencia.
El recluso, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, fue recapturado minutos después por agentes policiales en las inmediaciones del destacamento de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).
Durante el tiempo fuera de custodia, el interno aprovechó la presencia de medios de comunicación para denunciar presuntos abusos físicos dentro del centro penitenciario.
Entre gritos, aseguró haber sido golpeado repetidamente por agentes del penal, indicando que su huida fue motivada por el temor a más agresiones. “Me están dando golpes en el penal, ya no aguanto más. Me escapé por el abuso, tengo miedo”, exclamó, intentando mostrar marcas en su espalda.
El recluso señaló directamente a dos agentes identificados solo como “Freddy” y “Tolentino” como responsables de los supuestos maltratos, e indicó que poseen bates de aluminio con los que agreden a los internos.
También denunció falta de acceso a medicamentos y comida, condiciones que, según dijo, agravan la situación dentro del penal. Alegó contar con fotografías y testigos que respaldan sus denuncias.
Durante su recaptura, el interno cayó al suelo y fue sometido con fuerza por los custodios, uno de los cuales mostró una actitud agresiva hacia los periodistas que intentaban cubrir el incidente. La Dirección General de Servicios Penitenciarios no ha ofrecido declaraciones oficiales al respecto.
“Denuncian maltratos en cárceles dominicanas”
En la República Dominicana, las denuncias de maltratos a reclusos en centros penitenciarios han sido constantes durante años, a pesar de los esfuerzos por reformar el sistema carcelario. Internos y familiares han reportado situaciones de abuso físico, uso excesivo de la fuerza por parte de custodios, condiciones inhumanas de hacinamiento, falta de acceso a atención médica adecuada y alimentación deficiente.
En muchos casos, los reclusos aseguran ser víctimas de golpizas, torturas, castigos colectivos y represalias por denunciar irregularidades, lo que ha generado preocupación en organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Aunque el país ha implementado el Nuevo Modelo Penitenciario en varios recintos, aún persisten centros tradicionales donde se registran los mayores niveles de violencia, corrupción y maltrato. La falta de supervisión efectiva, la impunidad en casos de abusos cometidos por agentes penitenciarios y la escasez de recursos agravan la situación.
Organizaciones como la Defensoría del Pueblo y colectivos de derechos humanos han instado al Estado a garantizar el respeto a la integridad física y emocional de los privados de libertad, como parte de una política penitenciaria justa y centrada en la rehabilitación.
