La comunicadora Julieta Tejada hizo un llamado al gobierno dominicano a cumplir con la indexación salarial por inflación, especialmente ante la incapacidad de controlar el aumento de precios que afecta a la clase trabajadora. Tejada respaldó la advertencia del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, quien aseguró que los legisladores de la Fuerza del Pueblo no aprobarán el presupuesto 2026 si no se incluye este ajuste legal para salarios de hasta 52,000 pesos.
Según Tejada, es un asunto de justicia garantizar que los trabajadores, cerca de 500,000 en todo el país, no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. Recordó que el Código Tributario establece la indexación de salarios cada año, pero desde 2018 este derecho permanece congelado, dejando fuera a quienes más dependen de sus ingresos.
La comunicadora enfatizó que la ley no solo es obligatoria, sino también justa, ya que protege a quienes ganan menos y enfrentan mayores dificultades para cubrir la canasta básica, que actualmente supera los 47,000 pesos en el primer quintil. Tejada destacó que, si el gobierno es incapaz de controlar la inflación mediante políticas efectivas, debe al menos cumplir con la norma que garantiza equidad a los trabajadores.
Tejada también criticó la actitud del Congreso, señalando que años de inacción han dejado a los legisladores alejados de su responsabilidad de representar los intereses de sus votantes. Según ella, la falta de aprobación de la indexación refleja una irresponsabilidad que perjudica directamente a los trabajadores de menores ingresos.
Asimismo, resaltó que la inclusión de este artículo en el presupuesto no solo es una cuestión legal, sino un acto de equidad social. Garantizar la indexación salarial permitiría que los ingresos de los trabajadores mantengan su valor frente al aumento de los precios y la canasta básica, protegiendo así a las familias más vulnerables.
Finalmente, Julieta Tejada instó a los legisladores y al gobierno a actuar con justicia y coherencia, recordando que el cumplimiento de la ley es un deber ineludible. Señaló que postergar esta medida es un golpe al poder adquisitivo de los ciudadanos y una muestra de falta de compromiso con la estabilidad económica de la población.
