En el marco de su ofensiva contra la corrupción administrativa, el Ministerio Público solicitó este lunes la imposición de 18 meses de prisión preventiva para los diez involucrados en el presunto desfalco millonario contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), un caso que habría provocado pérdidas estimadas en 15 mil millones de pesos al Estado dominicano.

La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, acompañada de la petición de que el proceso sea declarado de tramitación compleja, debido a la magnitud del entramado y la gravedad de los delitos imputados.

Los imputados y los delitos señalados

El grupo está encabezado por Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, quien figura junto a los también señalados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo, esta última detenida la noche del domingo y trasladada al Palacio de Justicia, completando así el grupo de 10 acusados.

Según el expediente preliminar, los implicados enfrentan cargos por:

  • Coalición de funcionarios

  • Prevaricación

  • Asociación de malhechores

  • Cobro de sobornos

  • Estafa contra el Estado

  • Desfalco

  • Falsificación y uso de documentos falsos

  • Lavado de activos

Las autoridades sostienen que el presunto entramado operó mediante manejos irregulares, pagos fraudulentos y falsificación de documentos con impacto directo en los fondos destinados a la salud pública.

La investigación sigue en curso

Los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán firmaron la solicitud de coerción, en un proceso dirigido por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), encabezadas por Wilson Camacho y Mirna Ortiz.

El fiscal Héctor García destacó que el desfalco asciende a al menos 15 mil millones de pesos, calificando el caso como “un hecho de corrupción alarmante” que afecta directamente el sistema de salud pública y la confianza en la administración estatal.

El tribunal deberá conocer en los próximos días la medida de coerción, mientras continúan las investigaciones para establecer con precisión el alcance del presunto fraude y las responsabilidades individuales dentro del denominado Operación Cobra.