El comunicador Pedro Jiménez lanzó duras críticas a la Dirección General de Impuestos Internos (DGI), cuestionando si realmente la entidad fiscalizadora ha verificado con rigurosidad las declaraciones de ganancias de algunas empresas, especialmente mineras. Jiménez citó como ejemplo a la compañía Docalza, que opera en San Cristóbal y que, según documentos recibidos por el gestor comunitario Pablo Estéz, reportó ventas por más de 1,800 millones de pesos en dos años, pero solo declaró ganancias de 10 millones.
El comunicador señaló que, pese a esa enorme facturación, la empresa apenas transfirió poco más de 1.2 millones de pesos al cabildo local como parte del 5% exigido por la Ley 64-00 de Medio Ambiente, monto que considera irrisorio ante el impacto ambiental generado. “¿Podemos hablar de una minería responsable cuando los beneficios se ocultan y los ayuntamientos solo reciben migajas?”, preguntó Jiménez, advirtiendo que el sistema podría estar siendo utilizado para maquillar ingresos y evadir responsabilidades fiscales y sociales.
Jiménez también respaldó la reciente medida de la DGI que obliga a quienes transfieran inmuebles valorados en más de un millón de pesos a presentar comprobantes bancarios del origen de los fondos, medida enmarcada en la ley de lavado de activos. No obstante, enfatizó que el mismo rigor debe aplicarse a las grandes corporaciones que muchas veces “declaran pérdidas, pero exhiben fortunas”. La denuncia reabre el debate sobre la transparencia y el control real del fisco sobre las actividades económicas de alto impacto ambiental y social en el país.
