‘900 votos, un carnet… y una candidatura: así se crea la impunidad’
La comunicadora Altagracia Salazar cuestionó con firmeza el sistema político dominicano tras las revelaciones de la Operación Kraken, investigación que desmanteló una poderosa red de narcotráfico y lavado de activos. La periodista criticó que individuos vinculados al crimen organizado puedan acceder a cargos públicos con apenas “900 votos, un carnet y una candidatura”, lo que, según afirmó, genera un blindaje institucional.
El trasfondo del escándalo
El Ministerio Público señala como cabecilla de la red a Francisco Alberto Paulino Castro, alias “El Compadre” o “Francis”, exregidor del municipio de Boca Chica, relacionado con el envío de múltiples cargamentos de cocaína a través del Puerto Multimodal Caucedo. La organización habría operado durante años con la complicidad de empleados portuarios, autoridades y operadores logísticos.
Las investigaciones revelan que el grupo utilizaba contactos internos para infiltrar contenedores y traficar drogas hacia Estados Unidos, Puerto Rico y países de Europa. En un operativo reciente se incautaron más de 200 paquetes de cocaína, aunque la red acumula decomisos desde 2015.
A pesar de su historial delictivo bajo investigación, Paulino Castro figuraba en la nómina del programa estatal Supérate por RD como “Analista de Proyecto”, posición que habría reforzado su acceso a estructuras públicas.
La crítica de Altagracia Salazar
Durante su comentario, Salazar denunció que:
• Con apenas 928 votos obtenidos en elecciones, el exregidor accedió al ámbito político bajo un manto de legitimidad.• Un carnet oficial o un puesto público se transforman en símbolo de impunidad para facilitar operaciones ilícitas.• La infiltración en puertos, logística y mandos internos permitió que el narcotráfico prosperara sin freno.
La periodista advirtió que, mientras no se fiscalice el origen del dinero de las campañas, el crimen organizado seguirá “financiando candidaturas y comprando impunidad”.
Hasta el momento, 16 personas han sido arrestadas por su vínculo con la Operación Kraken. Las autoridades investigan propiedades, contratos y bienes adquiridos por los implicados, sospechando que podrían ser fruto de actividades criminales.
Este caso ha reactivado las exigencias de una profunda depuración del sistema político: desde la revisión de padrones electorales y nóminas estatales, hasta un estricto control del financiamiento de campañas y mayor vigilancia ciudadana.
