La diputada también alertó que este tipo de operaciones se ha sofisticado en los últimos años, aprovechando el anonimato y la viralidad de las redes sociales para extorsionar a figuras públicas. Señaló que, en muchos casos, los mismos grupos que difunden las difamaciones son quienes luego contactan a las víctimas para ofrecer la “solución”, creando un ciclo de acoso digital difícil de enfrentar sin apoyo institucional.

Méndez insistió en que su caso no es aislado y que otras personas del ámbito político, empresarial y artístico han sido víctimas de situaciones similares, pero no siempre se atreven a denunciar por temor al escándalo o a represalias. Por ello, exhortó a más afectados a romper el silencio y a ejercer acciones legales para frenar lo que describió como “un crimen organizado digital”.

Finalmente, hizo un llamado a modernizar el marco legal relacionado con delitos informáticos, argumentando que las leyes actuales no son suficientes para combatir estas nuevas modalidades de extorsión. “La reputación de una persona no puede ser una mercancía ni un botín de chantaje”, sostuvo, al tiempo que reiteró su compromiso con la transparencia y con la lucha contra estas prácticas que, según dijo, ponen en riesgo la convivencia democrática y el ejercicio ético de la comunicación.