La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, expresó su opinión sobre el reciente anuncio del presidente Luis Abinader, quien otorgó un plazo de 15 días, seguido de 30 días, a los funcionarios que no han presentado su declaración jurada de patrimonio. Durante su intervención en los actos de conmemoración del Día de las Mercedes en Santiago, Peña subrayó que, de haber estado en la posición del presidente, no habría concedido ningún plazo y habría optado por suspender de inmediato a aquellos que incumplieran con esta obligación.

“Yo no le hubiera dado plazo. Creo que el plazo ya estaba dado y que todos nosotros somos grandes y tenemos que ser responsables en la presentación de nuestras declaraciones juradas,” afirmó Peña, resaltando la importancia del cumplimiento de la ley. La vicepresidenta destacó que los funcionarios y legisladores han tenido tiempo suficiente desde las elecciones de mayo para cumplir con esta exigencia.

Peña criticó la decisión de Abinader, sugiriendo que el presidente no se percató de lo que establece la norma, que no contempla la concesión de plazos. “No es un asunto personal; es un asunto de cumplimiento de la ley,” afirmó, enfatizando que todos los funcionarios deben ser transparentes respecto a su patrimonio.

La vicepresidenta también hizo hincapié en la necesidad de que todos los funcionarios que no han presentado su declaración sean cancelados, argumentando que su riqueza debe ser declarada como parte de sus responsabilidades. “Es penoso que funcionarios de alta jerarquía, como el ministro de Medio Ambiente, no hayan presentado su declaración. Esto es inaceptable,” agregó.

Peña señaló que, hasta el momento, hay varios senadores, entre ellos el de La Romana, que no han cumplido con la entrega de su declaración jurada. Concluyó su intervención recordando que, según la ley, el plazo para presentar dichas declaraciones ya ha vencido, por lo que es fundamental aplicar las normativas existentes.

La postura firme de la vicepresidenta resalta la importancia de la transparencia en la administración pública y pone de relieve la responsabilidad de los funcionarios en el cumplimiento de las leyes que rigen la gestión pública en la República Dominicana.