Diversas dificultades se reportaron en varios colegios electorales, donde el común denominador fue el retraso en el inicio de las votaciones. Abogados consultados coincidieron en calificar la situación como un acto de irresponsabilidad, aunque descartaron que tenga consecuencias penales al no existir un tipo penal definido. Sin embargo, advirtieron que podrían presentarse acciones civiles en reparación de daños y perjuicios contra el Estado Dominicano.
El abogado Nassif Perdomo explicó que, aunque la ley electoral establece sanciones de tres meses a un año de prisión y multas de 2.000 a 5.000 pesos para quienes abandonen sus funciones injustificadamente, la posibilidad de someter judicialmente a unas 3.000 personas es mínima. “Procesar a tal cantidad de técnicos y delegados de forma conjunta implicaría que los casos no avancen nunca”, sostuvo, recordando que la normativa también obliga a notificar y justificar la ausencia en caso de no poder asistir.
Los retrasos impactaron la operatividad de los equipos y generaron quejas tanto de ciudadanos como de partidos políticos. Incluso el entonces presidente Danilo Medina calificó la situación como un “acto de irresponsabilidad” que afectó el normal desarrollo del proceso electoral, abriendo el debate sobre la gestión de personal y la responsabilidad jurídica en futuros comicios.
