Legisladores de los partidos de oposición rechazaron la posibilidad de que el Gobierno solicite al Congreso la declaratoria de estado de emergencia por los daños provocados por las lluvias asociadas al huracán Melisa, argumentando que la medida sería innecesaria y abriría espacio a irregularidades en el manejo de fondos públicos.
De acuerdo con los congresistas opositores, solo las provincias más afectadas deberían ser incluidas en una eventual declaratoria, y no todo el territorio nacional. Señalaron que un estado de emergencia general podría prestarse a la discrecionalidad y al uso inadecuado de los recursos, además de permitir compras directas sin los controles establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones.
Los legisladores también criticaron que el Gobierno “se ha acostumbrado a gobernar en estado de emergencia”, insinuando que la medida podría responder a un interés por movilizar fondos no ejecutados del presupuesto o eludir los procesos de rendición de cuentas. En ese sentido, recordaron que la ley no autoriza automáticamente al Poder Ejecutivo a incumplir los procedimientos establecidos.
Por su parte, diputados y senadores oficialistas, así como representantes de provincias declaradas en alerta roja, defendieron la posible medida, señalando que las lluvias han afectado gravemente viviendas, carreteras y cultivos, especialmente la producción de café en zonas montañosas. Consideran que una respuesta rápida es necesaria para asistir a familias que han perdido sus medios de sustento tras varios días de precipitaciones.
El Gobierno, mientras tanto, continúa evaluando el alcance de los daños antes de enviar la solicitud al Congreso. En medio del debate, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) exhortó a que esta situación sirva como punto de partida para diseñar un plan nacional de prevención y respuesta ante fenómenos atmosféricos, que permita minimizar tanto las pérdidas humanas como las materiales en el futuro.
