Santo Domingo, RD – La polémica sobre irregularidades en SENASA tomó un nuevo giro tras revelarse que la denuncia presentada por el exdirector Santiago Jasín ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) data de diciembre de 2024, casi un año antes de que el caso se hiciera público.
Durante semanas, el tema había sido objeto de especulación en medios y redes, mientras el Ministerio Público permanecía aparentemente inactivo. Hoy, Jasín reafirmó que actuó con transparencia y valentía al denunciar un presunto fraude en el sistema de autorizaciones médicas de la institución, dejando claro que su responsabilidad se limitó a presentar la denuncia y colaborar con la investigación.
El hecho coloca al director de la PEPCA, Camacho, en una posición complicada, pues ya no puede alegar desconocimiento sobre la denuncia. Expertos legales y políticos coinciden en que este caso subraya la importancia de la rendición de cuentas y abre interrogantes sobre la eficiencia del Ministerio Público para manejar denuncias de relevancia social, especialmente en sectores sensibles como la salud.
El caso de SENASA pone de relieve también la falta de mecanismos efectivos de seguimiento por parte del Ministerio Público. A un año de depositada la denuncia por Santiago Jasín, no se había tenido información pública sobre avances significativos, lo que genera cuestionamientos sobre la eficiencia y transparencia de las instituciones encargadas de velar por la legalidad. La pasividad en el manejo de estos casos provoca que la ciudadanía perciba una brecha entre las normas y la acción real del Estado.
Además, la actitud del propio Jasín demuestra un compromiso ético poco común en la administración pública. Al presentar la denuncia y mantenerse disponible para cualquier investigación, envía un mensaje claro de integridad y responsabilidad. Este gesto, según expertos en administración pública, podría convertirse en un referente para futuros servidores, mostrando que denunciar irregularidades no es solo un deber legal, sino también un acto de valor ciudadano.
Finalmente, el debate público que ha surgido a raíz de este caso evidencia la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de una prensa responsable. Mientras la información se filtre o se interprete de manera parcial, la percepción ciudadana sobre la corrupción y la gestión pública seguirá distorsionada. Casos como el de SENASA subrayan la urgencia de fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen que las denuncias sean atendidas oportunamente y con la seriedad que demanda el interés público.
