Después de casi cinco meses de estudio, el Senado de la República Dominicana aprobó en primera lectura y por unanimidad la modificación al Código Procesal Penal, cumpliendo con un mandato del Tribunal Constitucional que instó al Congreso a corregir diversas inconstitucionalidades registradas en la ley vigente.

Durante la sesión, los senadores leyeron los 473 artículos de la normativa y destacaron que la actualización busca adecuar el Código Procesal al nuevo Código Penal, agilizar los procesos judiciales y contribuir a la descongestión de las cárceles del país. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Antonio Taveras, afirmó que la reforma incorpora mecanismos que aceleran los procedimientos y fortalecen la eficiencia del sistema judicial.

Otros legisladores resaltaron que la modificación se basa en tres pilares fundamentales: fortalecer el sistema de justicia y la persecución del crimen, garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y agilizar los tribunales para evitar la denegación de justicia por retrasos procesales. La normativa asegura la protección de los derechos de procesados, víctimas y autoridades en su labor de persecución penal.

Aun así, la pieza legal deberá pasar por segunda lectura en el Senado antes de ser remitida a la Cámara de Diputados para su aprobación final. Los expertos coinciden en que, más allá de los códigos, será la jurisprudencia y la aplicación práctica de esta ley lo que definirá su impacto real en el sistema judicial dominicano.

Mientras tanto, en la misma sesión, los senadores dejaron pendiente la discusión del proyecto de modificación del Código de Trabajo, que incluye temas como la exclusión de la propuesta del 10% de propina obligatoria para servicios de delivery, debido a la extensa agenda de la jornada legislativa.

El Senado enfatizó que la actualización del Código Procesal Penal no solo busca modernizar los procedimientos judiciales, sino también garantizar mayor transparencia y seguridad jurídica en los procesos penales. Se espera que con estas reformas se reduzcan los retrasos judiciales, se agilicen los juicios y se fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones del sistema de justicia.

Por su parte, especialistas en derecho señalan que la reforma permitirá un mejor equilibrio entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la eficiencia en la persecución del crimen. Además, consideran que la implementación efectiva de estas modificaciones será clave para asegurar que los tribunales operen con mayor rapidez y que las sentencias se apliquen de manera justa y oportuna.