Representantes de distintos sectores sociales, políticos y jurídicos salieron en defensa de las medidas adoptadas por el Estado dominicano para controlar la migración irregular, tras los señalamientos recientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el manejo del tema en la República Dominicana.
Voceros consultados coincidieron en que las acciones del Gobierno se enmarcan en el ejercicio de la soberanía nacional y en el cumplimiento de las leyes vigentes, al tiempo que rechazaron que el país sea calificado como “racista”. Afirmaron que los procesos migratorios se ejecutan conforme a la normativa dominicana y con respeto a los derechos humanos, subrayando que el Estado tiene la facultad constitucional de ordenar su política migratoria y deportar a personas en condición irregular.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana expresó su respaldo a la posición oficial y rechazó el informe de la CIDH, al considerar que desconoce la realidad del país y el peso que representa la crisis haitiana para una nación en vías de desarrollo. En la misma línea, legisladores del Congreso Nacional señalaron que resulta “materialmente imposible” asumir mayores compromisos ante una situación que desborda la capacidad económica y social del Estado dominicano.
Sobre las observaciones relativas a la atención de inmigrantes irregulares en hospitales públicos, representantes locales de derechos humanos aclararon que en el país no se niega la atención médica de emergencia a ninguna persona. No obstante, indicaron que, una vez estabilizado y dado de alta el paciente, corresponde a las autoridades migratorias actuar conforme a la ley.
Los sectores consultados concluyeron que existe un consenso nacional en torno a la necesidad de proteger la seguridad y el orden interno, y advirtieron que parte de la comunidad internacional mantiene una visión “distorsionada” de la complejidad del fenómeno migratorio entre la República Dominicana y Haití.
