La comunicadora Altagracia Salazar aseguró que el escándalo de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) está lejos de concluir y que lo que se investiga actualmente representa apenas el inicio de lo que denominó “SeNaSa 2.0”, una etapa en la que podrían salir a la luz nuevos actores vinculados al sistema de salud público y privado.

Durante su análisis titulado “Lo que viene en el SeNaSa 2.0: clínicas, laboratorios, farmacias, médicos”, Salazar explicó que SeNaSa, como la ARS más grande del país, administra dos regímenes: el contributivo, con alrededor de 1.8 millones de afiliados, y el subsidiado, que cubre a más de 5.6 millones de ciudadanos cuyos servicios son financiados por el Estado, principalmente en hospitales públicos. En ese contexto, detalló el funcionamiento de la cápita, el monto fijo que se paga por cada afiliado según su nivel de riesgo.

La periodista denunció que durante la gestión de Santiago Hazim se estableció un esquema de pagos fijos a proveedores de salud, independientemente de que los servicios fueran o no prestados. Según explicó, esto incluyó la contratación de clínicas privadas para ofrecer atenciones que correspondían a hospitales públicos, desviando recursos estatales hacia el sector privado mediante tarifas más elevadas.

Salazar fue enfática al afirmar que los estados financieros de SeNaSa no solo fueron alterados, sino falseados completamente, con el objetivo de ocultar la real situación económica de la institución. A su juicio, este manejo permitió sostener un entramado que afectó directamente la sostenibilidad del sistema y el acceso a servicios de salud de millones de dominicanos.

Asimismo, indicó que las investigaciones encabezadas por el Ministerio Público, bajo la coordinación de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, continúan abiertas y podrían involucrar a clínicas, laboratorios, cadenas de farmacias, médicos, enfermeras e incluso personal del sistema de emergencias 911. Señaló que una de las líneas iniciales de la pesquisa surgió a partir del desvío preferencial de pacientes hacia centros privados específicos.

Finalmente, la comunicadora abordó otros temas de la agenda nacional, entre ellos la aprobación en el Senado del Presupuesto General del Estado 2026, la paralización de la reforma al Código de Trabajo en la Cámara de Diputados, la desaceleración del crecimiento económico proyectado en 2.9% por la CEPAL y hechos recientes de seguridad ciudadana y clima, enmarcando el caso SeNaSa dentro de un contexto más amplio de desafíos institucionales y sociales del país.