VIRGINIA — El exdirector del FBI, James Comey, se declaró este lunes “no culpable” de los cargos que lo acusan de obstruir una audiencia congresional. La defensa de Comey afirmó que el caso en su contra es producto de una venganza política orquestada por el presidente Donald Trump y su administración.
Según su defensa, la demanda presentada tras el nombramiento de la fiscal Lenci, exabogada vinculada a Trump, busca castigar a Comey por decisiones pasadas, y constituye una acción de retaliación política más que un procedimiento judicial imparcial. La defensa solicitó además que se declare ilegal el nombramiento de la fiscal y pidió un juicio rápido donde sean los ciudadanos estadounidenses quienes determinen su suerte.
El caso, altamente controversial, está programado para iniciar el 5 de enero, y ha generado atención nacional por involucrar a un exfuncionario de alto rango y cuestionamientos sobre la influencia de intereses políticos en el sistema judicial estadounidense. La defensa insiste en que se trata de un proceso motivado por venganza personal y política, más que por violaciones legales comprobadas.
Los abogados de Comey sostienen que esta acción legal se enmarca dentro de un patrón más amplio de acusaciones impulsadas por la administración Trump contra críticos y exfuncionarios, y que buscan enviar un mensaje intimidatorio a quienes hayan tomado decisiones contrarias a los intereses del expresidente.
Además, señalaron que la exposición mediática del caso ha sido intensa, lo que aumenta la presión sobre el exdirector del FBI, pero recalcaron que su cliente mantiene la calma y confía en que el sistema judicial estadounidense actuará de manera justa. La defensa insiste en que la acusación carece de fundamento legal sólido y busca deslegitimar su historial profesional.
Expertos en derecho y analistas políticos han subrayado que este juicio marcará un precedente importante sobre la interferencia política en procesos judiciales de alto perfil, y podría influir en cómo se manejan futuras disputas legales que involucren a exfuncionarios y a expresidentes en Estados Unidos. La atención nacional e internacional se mantiene centrada en cómo se desarrollará el caso y sus posibles repercusiones políticas.
