Hoy, el ambiente político en República Dominicana está marcado por la expectativa del anuncio del presidente Luis Abinader, quien ha convocado a una reunión con la Comisión de Seguridad Ciudadana y posteriormente, a la conferencia semanal donde se espera la presentación de un plan de reestructuración del Estado que incluye la fusión de ministerios y la eliminación de diversas entidades públicas.
La semana pasada, hubo diversas especulaciones sobre la posible reforma fiscal que se anunciaría hoy lunes, pero el director de presupuesto rápidamente desmintió esta versión. Sin embargo, el ministro de economía ha señalado que las intenciones del gobierno van más allá de lo fiscal y apuntan a una reforma constitucional con un enfoque altamente financiero y presupuestario.
Las propuestas que podrían ser presentadas hoy incluyen la fusión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda, consolidando así funciones y tratando de hacer más eficiente la administración pública. Además, se anticipan posibles fusiones en los ministerios de Educación y Educación Superior, así como cambios en la estructura de los consejos y direcciones generales que, según el gobierno, han cumplido con su misión.
Hasta el momento, se habla de un total de 366 entidades estatales, incluyendo ayuntamientos y distritos municipales, pero se comprende que esta cifra puede ser significativamente reducida a 226 instituciones operativas. Este intento de reducir el tamaño del Estado busca también preparar el terreno para un posible pacto fiscal que, aunque necesario, genera preocupación entre la población respecto a los posibles impactos económicos.
El gobierno intenta transmitir un mensaje claro de que está dispuesto a hacer sacrificios y a ceñirse el cinturón, con la esperanza de que los ciudadanos también lo hagan. Sin embargo, este enfoque ha generado críticas y dudas sobre cómo serán implementadas estas medidas y sus efectos en el empleo y la eficiencia del Estado. Algunos analistas advierten que la verdadera eficacia no radica solo en reducir el número de instituciones, sino en mejorar su funcionamiento y asegurar que labores esenciales no se vean afectadas.
