Varios artículos del nuevo proyecto de Código Penal que se discute en la Cámara de Diputados han llamado la atención por establecer sanciones claras contra los abusos de autoridad, especialmente por parte de agentes policiales. Entre ellos destaca el artículo 286, que castiga con penas de 15 días a un año de prisión menor y multa a todo agente que impida a un ciudadano grabar arrestos, registros o allanamientos en su contra o de terceros.
La propuesta también incluye el artículo 143, que tipifica y sanciona el exhibicionismo sexual en espacios públicos o frente a personas sin su consentimiento, estableciendo límites más estrictos contra conductas que atenten contra la dignidad y el orden público. Otro artículo polémico es el 13, que inicialmente eximía de responsabilidad a instituciones del Estado, partidos políticos y organizaciones religiosas, pero se ha propuesto modificar para referirse específicamente a “instituciones religiosas”, evitando posibles actos discriminatorios.
Legisladores han expresado opiniones divididas sobre varios de estos artículos, pero coinciden en que representan avances significativos en materia de derechos y garantías ciudadanas. La Cámara de Diputados se ha propuesto aprobar y enviar el nuevo Código Penal al Poder Ejecutivo antes del cierre de la actual legislatura, previsto para este sábado.
Los artículos que sancionan el abuso de autoridad han sido bien recibidos por organizaciones defensoras de los derechos humanos, que durante años han denunciado prácticas arbitrarias por parte de algunos miembros de la fuerza pública. Permitir que los ciudadanos graben procedimientos policiales busca fomentar la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas dentro de las instituciones de seguridad.
Sin embargo, sectores conservadores han mostrado reservas ante otros aspectos del proyecto, temiendo que ciertas figuras legales aún queden ambiguas o incompletas. A pesar de las críticas, el consenso general entre los congresistas es que el nuevo Código Penal representa un paso importante hacia una justicia más moderna, equilibrada y acorde con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana.
