Hace cuatro años, la República Dominicana quedó marcada por un escándalo de alcance nacional e internacional tras las denuncias de abuso sexual cometidas por el sacerdote polaco Alberto Gil en la comunidad de Juncalito, en Santiago. Las acusaciones revelaron una serie de agresiones contra niños de entre ocho y nueve años, ocurridas mientras el religioso ejercía funciones pastorales. El caso estremeció a la sociedad dominicana al descubrirse que las víctimas pertenecían a una zona profundamente vulnerable y que los hechos se extendieron durante un período prolongado.
Las investigaciones determinaron que el sacerdote no solo abusó sexualmente de los menores, sino que también tomó fotografías que posteriormente habrían sido comercializadas dentro de una red de pornografía infantil. En total, ocho niños resultaron afectados. En 2014, Gil fue condenado en Polonia a siete años de prisión, junto a una orden de indemnización para las víctimas. Sin embargo, aunque la condena penal fue ejecutada, las familias aseguran que nunca recibieron la compensación prometida, pese a gestiones iniciadas desde 2015 ante las autoridades polacas.
Hoy, cuatro años después, los familiares de las víctimas mantienen vivo el reclamo de justicia y han presentado una demanda civil contra la Iglesia Católica por aproximadamente cien millones de pesos. El objetivo, según explicaron representantes de derechos humanos, no se limita al resarcimiento económico, sino a establecer responsabilidad institucional y garantizar mayor supervisión sobre quienes ejercen funciones religiosas. Los testimonios reflejan secuelas psicológicas profundas, estigmatización social y desplazamientos forzados de familias enteras. Ante esta realidad, se exige la intervención activa de la Procuraduría General, la Cancillería dominicana y las autoridades eclesiásticas, para que el caso no quede en el olvido y se garantice justicia integral a las víctimas.
