Dos feminicidios ocurridos recientemente en Santo Domingo reactivaron el debate sobre la respuesta judicial ante la violencia de género. En ambos casos, las víctimas habían sometido previamente a sus parejas a la justicia, pero durante las audiencias solicitaron medidas menos severas y desistieron de que sus agresores fueran encarcelados. Días después, una de las mujeres fue asesinada y otra perdió la vida en el sector Naco, evidenciando una cadena de decisiones que, según especialistas, incrementa el riesgo para las víctimas cuando no se aplican medidas de protección efectivas.
Abogados y analistas recordaron que, aun cuando la víctima desista, la Ministerio Público tiene la facultad y el deber de continuar la persecución penal en casos de violencia de género. El argumento se sustenta en que este tipo de delitos trasciende el ámbito privado y compromete el interés público. La reiteración de desistimientos bajo presión emocional o económica es una práctica documentada, por lo que se insiste en protocolos que prioricen la seguridad de la denunciante y la valoración integral del riesgo.
Un caso similar fue reportado en Santiago de los Caballeros, donde Adonis Bonilla Hidalgo fue acusado por su esposa de maltrato. Durante la audiencia, la denunciante pidió su liberación y el tribunal dictó sentencia absolutoria. El abogado Ángel Luciano alegó que la víctima no estuvo en disposición de declarar y que los hechos no ocurrieron como se planteó inicialmente. Posteriormente, el juez Osvaldo del Primer Tribunal Colegiado ofreció declaraciones sobre el proceso. Organizaciones civiles advierten que estas resoluciones, sin medidas cautelares ni seguimiento, pueden dejar a las víctimas en situación de vulnerabilidad extrema y llaman a fortalecer la coordinación entre jueces, fiscales y servicios de apoyo para prevenir desenlaces fatales.
