Organizaciones ambientales y sociales de la región Enriquillo y de La Guázara emitieron este jueves alertas sobre la grave depredación que enfrentan cinco ríos de la zona, presuntamente provocada por actividades mineras ilegales de un empresario vinculado a controversias ambientales en el país. Según los denunciantes, la extracción masiva de materiales con maquinaria pesada está reduciendo el caudal hídrico, afectando la biodiversidad y poniendo en riesgo a las comunidades cercanas.

La fundación ambiental y sus aliados señalaron que los trabajos se realizan sin controles adecuados, alterando los cauces fluviales y comprometiendo el equilibrio del ecosistema. “Aquí la gente viene cualquiera y hace lo que le dé la gana… moviendo la papeleta”, indicó un representante de la comunidad, reflejando la impunidad que, aseguran, prevalece en la zona.

Las organizaciones instaron a las autoridades a intervenir de manera inmediata para frenar la explotación ilegal y restaurar los ríos, enfatizando que la preservación de estos ecosistemas es vital para garantizar agua limpia, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental en La Guázara.

Además, se hizo un llamado a la sociedad civil a denunciar cualquier actividad sospechosa que ponga en peligro los recursos naturales, destacando la necesidad de un monitoreo constante y sanciones estrictas contra quienes atenten contra el medio ambiente.

Las denuncias también resaltan que la explotación ilegal no solo afecta el entorno natural, sino que tiene consecuencias sociales y económicas para las comunidades locales. La disminución del caudal de los ríos limita el acceso al agua para consumo, riego y actividades productivas, generando tensiones entre los pobladores y los responsables de las operaciones mineras.

Expertos ambientales advirtieron que, de no detenerse estas prácticas, la pérdida de biodiversidad podría ser irreversible, con impactos directos en la flora y fauna de la región, así como en los servicios ecosistémicos que los ríos proporcionan. La recuperación de los ecosistemas dañados podría tardar décadas, y solo será posible con acciones coordinadas entre autoridades y la sociedad civil.

Por su parte, las organizaciones involucradas anunciaron que continuarán realizando monitoreos constantes y documentando cualquier irregularidad, con el objetivo de presentar pruebas contundentes a las autoridades competentes y exigir que se cumpla la legislación ambiental vigente en República Dominicana.