Santo Domingo. – El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, conocerá este lunes la solicitud de medida de coerción contra varios exfuncionarios civiles y militares implicados en una presunta red de corrupción denominada “Operación Lobo”, que operaba mediante el pago de sobornos para adjudicar contratos de seguridad privada en instituciones del Estado.
El Ministerio Público acusa a los imputados de integrar una estructura delictiva dedicada a manipular licitaciones y otorgar contratos a cambio de comisiones ilegales, beneficiando principalmente a la empresa Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase), propiedad del empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, quien figura como uno de los principales acusados.
Según la acusación, Rodríguez González habría pagado más de 108 millones de pesos en sobornos a funcionarios responsables de la seguridad en instituciones públicas como SeNaSa, Inaipi y las tres distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y Edeeste. Los pagos ilegales habrían oscilado entre un 5% y un 10% del valor mensual de los contratos asignados.
La audiencia, inicialmente programada para el pasado jueves, fue aplazada para permitir que las partes analizaran el expediente, que contiene más de 400 páginas de evidencias documentales, grabaciones, testimonios y transferencias bancarias. El Ministerio Público asegura contar con más de 500 elementos probatorios que respaldan las acusaciones de soborno, asociación de malhechores y corrupción administrativa.
De acuerdo con la investigación, esta red habría operado desde al menos 2012, beneficiando de forma ilícita a funcionarios que, a cambio de pagos en efectivo y otros beneficios, garantizaban la adjudicación y renovación de contratos millonarios a la empresa de seguridad privada.
Se espera que durante la audiencia se determine si los acusados enfrentarán prisión preventiva, arresto domiciliario u otras medidas cautelares mientras continúa el proceso judicial.
Este caso se suma a una serie de investigaciones que viene impulsando el Ministerio Público en su lucha contra la corrupción, especialmente en contratos relacionados con servicios tercerizados en entidades públicas.
