SANTO DOMINGO.– Comerciantes del tradicional mercado La Pulga, ubicado en el Merca Santo Domingo, denunciaron que los operativos migratorios que se realizan todos los domingos están afectando gravemente sus negocios y la economía familiar. Según ellos, estos operativos se han convertido en una “cacería de brujas” que genera un ambiente de persecución y extorsión.

“Vienen a perseguir a nuestros vendedores, y hasta tienen un peaje adelante. Son fuertes, le caen atrás a los clientes para extorsionarlos y quitarles el dinero”, denunció uno de los comerciantes, quien afirmó que esta situación está ahuyentando a los compradores. Por esta razón, los vendedores solicitan al gobierno una mejor ruta de transporte público para facilitar el acceso de los clientes al mercado y evitar que la falta de movilidad afecte sus ventas.

Los comerciantes reconocen la importancia del cumplimiento de la ley migratoria, pero consideran que los operativos realizados en pleno horario comercial perjudican injustamente a los ciudadanos dominicanos humildes que dependen de la venta de artículos usados, comida y mercancías a bajo costo como único sustento familiar. “No aguantamos más los chantajes y el acoso que sufren nuestros clientes por parte de los cuerpos castrenses”, expresaron.

Además, denunciaron la falta de presencia policial efectiva durante la madrugada, momento en que se incrementan los problemas de seguridad. La Asociación de Comerciantes de La Pulga hace un llamado a las autoridades para que revisen y moderen estos operativos y permitan un ambiente seguro y justo para todos.

Los vendedores también alertaron que la constante presión policial y militar ha generado un clima de incertidumbre entre los comerciantes, quienes temen perder su fuente de ingresos ante la disminución del flujo de clientes. “Muchos de nosotros dependemos exclusivamente de este mercado para sostener a nuestras familias, y esta situación amenaza con dejar a muchos sin trabajo”, manifestó un representante del sector.

En respuesta, algunos miembros de la comunidad han comenzado a organizarse para exigir mayor respeto y diálogo con las autoridades, buscando un equilibrio entre la seguridad migratoria y el derecho al trabajo digno. Los comerciantes hacen un llamado urgente al presidente y a las instituciones competentes para que intervengan y garanticen que los operativos no se conviertan en actos de abuso o discriminación contra quienes viven del comercio informal.