El empresario Eddy Rafael Santana Zorrilla figura como proveedor de al menos doce instituciones del Estado, según documentos incluidos en una acusación del Ministerio Público. La investigación detalla que, entre noviembre de 2012 y septiembre de 2017, su empresa Tech Solution recibió transferencias y pagos por contratos públicos que ascienden a aproximadamente 447.5 millones de pesos, mientras que otra de sus compañías, Grupo Martis Dom, percibió más de 47.6 millones desde 2016. Estos montos contrastan con las declaraciones fiscales presentadas ante la Dirección General de Impuestos Internos, donde se reportaron pérdidas y ganancias mínimas.
De acuerdo con la solicitud de medidas de coerción, varias de las empresas vinculadas a Santana Zorrilla carecen de locales operativos, personal registrado y documentación laboral. El Ministerio de Trabajo confirmó la inexistencia de empleados formales, y en algunos casos las compañías figuran a nombre de parientes que niegan conocer las operaciones. Sin embargo, durante allanamientos se hallaron cuadernos con anotaciones financieras que vinculan directamente al imputado con dichas empresas. La acusación también señala que Santana Zorrilla participaba en licitaciones con múltiples compañías propias, una práctica prohibida por la ley de contrataciones públicas.
El expediente recoge pagos realizados por ministerios, ayuntamientos y entidades descentralizadas por servicios y bienes diversos, desde equipos médicos hasta materiales de empaque y repuestos vehiculares. Llama la atención que empresas registradas en renglones como ferretería o pintura resultaran adjudicatarias de contratos para suplir equipos médicos especializados. Pese a este patrón, algunas querellas relacionadas con el caso fueron declaradas inadmisibles. Para los investigadores, el cúmulo de contratos, inconsistencias fiscales y vacíos operativos plantea serias dudas sobre los controles institucionales y la respuesta del sistema judicial frente a este tipo de prácticas.
