Un grupo de abogados dominicanos considera que el Código Penal debe ser aprobado, incluyendo tres situaciones especiales que permitan el aborto, lo que, a su entender, no contradice la Constitución dominicana. La propuesta fue presentada en un panel realizado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para analizar el proyecto de código penal.
Los abogados argumentan que la inclusión de las causales no contradice la Constitución dominicana y que, por el contrario, es una necesidad imperante para proteger a las mujeres y niñas que sufren violencia o se encuentran en una condición de vulnerabilidad. “Las causales son constitucionales y son un logro de un Estado democrático de derecho”, aseguraron.
Además, los abogados mencionaron que los tratados internacionales a los que se ha adscrito la República Dominicana comprometen a dotar las tres causales y despenalizar el aborto. “No hemos adoptado porque no vivimos al lado del mundo”, agregaron.
No obstante, algunos sectores consideran que la inclusión de las causales amerita un consenso de todos los sectores involucrados. “Habrá que ver cómo hacerlo compatible con el texto constitucional vigente”, destacaron.
En este sentido, los abogados propusieron que se incluyan las causales específicas en el proyecto de Código Penal y se le plantee como un tema de referéndum popular para consultar a la opinión pública. “Claro que hay que modificar la Constitución, pero aquí no se está hablando de aborto sino de causales específicas”, enfatizaron.
Además, los expertos también pidieron revisar otras penas y sanciones contenidas en el código penal, como feminicidio, violación, abusos sexuales, agresiones y acoso callejero, argumentando que necesitan una mejor tipificación o redefinición jurídica.
En resumen, los abogados dominicanos consideran que la inclusión de las causales para el aborto en el Código Penal es una necesidad imperante para proteger a las mujeres y niñas y garantizar su vida, dignidad y autonomía. Sin embargo, otros sectores consideran que requiere un consenso general para realizar cualquier cambio en la normativa.
