Santiago – El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reveló que los cinco hombres abatidos el pasado 10 de septiembre en el sector La Barranquita, en Santiago, recibieron un total de 22 impactos de bala por parte de un grupo de 11 agentes de la Policía Nacional adscritos al DICRIM. El informe forense confirma que las muertes fueron homicidios violentos.
El Ministerio Público, encabezado por el director de Persecución, Wilson Camacho, calificó el hecho como ejecuciones extrajudiciales, desmintiendo la versión inicial de los agentes, quienes alegaron que realizaban un operativo para frustrar un presunto tráfico de armas. Según el expediente, los policías llegaron en tres vehículos, se posicionaron frente al lugar donde estaban las víctimas y abrieron fuego sin mediar palabras.
El informe del Inacif detalla que José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años, recibió ocho disparos; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, cuatro impactos; Carlos Enrique Guzmán Navarro, de 40, tres balas; Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, de 26, cuatro disparos; y Julio Alberto Gómez, de 28, tres impactos mortales. Las autoridades consideran estas cifras como prueba contundente de uso excesivo de la fuerza.
Además, la Fiscalía denunció que los policías implicados sustrajeron los teléfonos celulares de las víctimas y los videos de seguridad del lugar, presuntamente para obstruir la investigación y destruir evidencia clave. Este comportamiento refuerza la acusación de que el tiroteo fue premeditado y no producto de un enfrentamiento armado.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los agentes acusados de homicidio voluntario y asociación de malhechores, además de declarar el caso como complejo por la gravedad de los hechos. La audiencia de medidas de coerción fue aplazada para el próximo jueves 9 de octubre en la Oficina de Atención Permanente de Santiago.
Familiares de las víctimas exigieron justicia y castigos ejemplares para los responsables, mientras organizaciones de derechos humanos han pedido una investigación independiente que garantice transparencia en el proceso y reparación a las familias afectadas.
