En el programa El Informe con Alicia Ortega se reveló que continúan acumulándose denuncias contra el fiscal titular de Santo Domingo Este, Marcos Rosario, señalado por distintos querellantes como presunto destinatario final de sobornos y responsable de graves irregularidades procesales. Tras la primera entrega presentada días atrás, nuevas quejas llegaron a la producción periodística, reforzando un patrón que apunta a manipulación de expedientes, exclusión de imputados y presiones contra abogados que cuestionaron su actuación. Las acusaciones vuelven a poner bajo escrutinio el funcionamiento interno del Ministerio Público en una de las demarcaciones más sensibles del país.
Uno de los testimonios más contundentes es el de la abogada Miosotis Cuello, quien asegura haber sido perseguida, acosada y amenazada tras enfrentar a Rosario por un caso de quema de vehículo ocurrido en 2013. Según su relato, pruebas clave —como registros de llamadas, certificaciones periciales y datos de placas— no fueron incorporadas correctamente en la acusación presentada por el fiscal, e incluso habrían sido alteradas. Cuello sostiene que al advertir las inconsistencias fue intimidada y que, pese a presentar denuncias formales ante instancias superiores, el proceso terminó archivado por supuesta insuficiencia probatoria, sin que se esclarecieran las irregularidades señaladas.
El reportaje también expuso otros casos recientes que refuerzan las denuncias. Una mujer embarazada relató un desalojo violento en el que, según afirma, desconocidos ingresaron a su vivienda, sustrajeron electrodomésticos y agredieron físicamente tanto a ella como a su hijo menor. En el entorno judicial, la querellante escuchó versiones de que Rosario intervendría directamente en la audiencia, desplazando a fiscales jóvenes por considerarlos “no competentes”. Para los investigadores del programa, los testimonios dibujan un esquema reiterado de abuso de poder, temor e impunidad. El escándalo vuelve a encender el debate sobre la supervisión interna del Ministerio Público y la urgencia de investigaciones independientes que restablezcan la confianza ciudadana en la justicia.
