El analista y comentarista Adolfo Salomón afirmó que la entrada en vigencia de la Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas evidencia la consistencia del Gobierno del presidente Luis Abinader en su compromiso de enfrentar la corrupción y fortalecer la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Durante su participación en CDN Radio, Salomón destacó que la nueva legislación entra en vigor este miércoles, tras cumplirse el plazo de 180 días desde su promulgación el 28 de julio del año pasado, y representa uno de los cambios más profundos en el sistema de compras del Estado dominicano.

“El país no tenía un problema de falta de leyes, sino de aplicación. Esta nueva ley no solo moderniza el marco normativo, sino que introduce un régimen de consecuencias más severo, lo que demuestra una voluntad real de combatir las malas prácticas”, expresó el comentarista.

Salomón resaltó que, a diferencia del esquema anterior, la Ley 47-25 incorpora un componente penal, otorgando a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas la facultad de actuar más allá del ámbito administrativo, lo que fortalece los mecanismos de control y fiscalización.

Asimismo, valoró como un avance significativo el incremento del 20 % al 30 % de la reserva del presupuesto de compras públicas destinada a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), con especial énfasis en aquellas lideradas por mujeres, lo que consideró una medida de impacto social y económico relevante.

Otro de los puntos destacados es la obligatoriedad del uso del sistema electrónico de contrataciones, lo que elimina la discrecionalidad de los procesos manuales y reduce las oportunidades de manipulación, así como la inclusión de criterios medioambientales, que obligan a las instituciones del Estado a priorizar bienes y servicios sostenibles.

En ese sentido, Salomón subrayó el rol del director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, señalando que su gestión ha sido clave para evitar licitaciones perjudiciales para el Estado y promover una cultura de mayor transparencia.

Finalmente, el comentarista sostuvo que, aunque ningún sistema puede impedir por completo que una persona intente actuar de manera corrupta, el cambio de paradigma radica en que el Gobierno actual no encubre los casos, sino que permite que salgan a la luz y se apliquen las sanciones correspondientes, lo que fortalece la institucionalidad democrática del país.