La comunicadora Claudia Pérez, conocida como “La Tora”, arremetió este miércoles contra la jueza Diana Moreno, a quien acusa de parcialidad y de violentar su derecho a la defensa en el proceso judicial que enfrenta por presunta difamación en perjuicio del diputado Gory Moya. “No me ha dado el derecho de defensa, ella ha violentado todos mis derechos”, dijo Pérez.
La Tora denunció que la magistrada insiste en continuar conociendo el caso pese a varias recusaciones, lo que, según afirma, responde a un supuesto “compromiso personal” con el legislador.
Durante una declaración pública, Pérez cuestionó el accionar de la jueza Moreno y del sistema judicial en general, alegando una persecución por su activismo contra el narcotráfico y afirmando que se repite un patrón de compra de jueces. Además, anunció que solicitará que la pasada procuradora general, Miriam Germán Brito, y la actual titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, testifiquen en su favor como parte de su defensa.
Por su parte, el abogado del diputado, José Altagracia Fiz, afirmó que Pérez intenta dilatar el proceso con recusaciones infundadas, y reiteró que la comunicadora debe responder ante los tribunales conforme a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. La audiencia fue pospuesta para el 25 de junio en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional.
CONTEXTO
En República Dominicana, los casos por difamación y calumnia han adquirido una dimensión particular desde la promulgación de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que penaliza las expresiones vertidas a través de medios digitales. Esta legislación ha sido utilizada en varias ocasiones por figuras públicas, incluyendo políticos, para responder judicialmente a declaraciones hechas en medios de comunicación o redes sociales. En ese contexto, el caso de Claudia Pérez, “La Tora”, ha generado atención debido a su trayectoria como comunicadora crítica y su historial de denuncias públicas contra figuras del poder político y judicial.
La disputa actual entre Pérez y el diputado Gory Moya surge a raíz de comentarios realizados por la comunicadora que, según el legislador, afectan su honra. Mientras el proceso avanza en los tribunales, ha quedado en evidencia una tensión constante entre el derecho a la libertad de expresión y el uso de recursos legales para proteger la reputación personal. A su vez, las declaraciones de Pérez sobre supuestas irregularidades en el proceso y favoritismos judiciales reavivan el debate sobre la independencia del sistema de justicia y los límites del poder mediático frente al accionar legal.
