Las autoridades mexicanas suspendieron las operaciones de 13 casinos físicos y virtuales en distintos estados del país, tras detectar movimientos financieros irregulares que apuntan a un posible esquema de lavado de dinero ligado a organizaciones criminales. La investigación, encabezada por la Secretaría de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló transacciones millonarias en efectivo y transferencias internacionales hacia países como Estados Unidos, Albania, Malta y Panamá.
Según los reportes oficiales, el esquema utilizaba identidades robadas o prestadas de amas de casa, jóvenes y adultos mayores para simular apuestas y ganancias ficticias. De este modo, el dinero ilícito regresaba a México con apariencia de ganancias legales, blanqueando los fondos obtenidos por actividades delictivas. La procuradora fiscal explicó que en muchos casos las personas cuyos nombres fueron usados desconocían totalmente su participación en el esquema.
Los casinos clausurados se encuentran en el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Chiapas y la Ciudad de México. La UIF adelantó que se presentarán denuncias por asociación delictuosa, lavado de dinero y delitos fiscales. Aunque los nombres de los establecimientos no han sido oficialmente revelados, trascendió que un grupo propietario de una importante televisora mexicana reconoció que dos de sus negocios figuran entre los investigados, aunque negó cualquier vínculo con el crimen organizado.
El secretario de Seguridad precisó que estas acciones forman parte de una estrategia nacional para cerrar los canales financieros del crimen organizado, especialmente en sectores donde circulan grandes volúmenes de dinero en efectivo y transacciones digitales. Subrayó que la intervención se realizó tras meses de seguimiento y análisis de operaciones sospechosas, en coordinación con agencias internacionales, incluyendo unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y Europa.
Por su parte, expertos en temas económicos y de seguridad advirtieron que el caso pone en evidencia la vulnerabilidad del sector de apuestas en México, donde la regulación aún es insuficiente frente al avance del lavado de activos digitales. Consideran que este operativo podría ser el inicio de una revisión más amplia sobre el uso de casinos y plataformas de juego en línea como herramientas para el financiamiento ilícito.
