Una jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago dictó tres meses de prisión preventiva contra Dilesy Yokasta García, acusada de agredir físicamente a su bebé de un año durante una transmisión en vivo en redes sociales.

La medida fue impuesta por la magistrada Stephanie Santiago, quien ordenó que la imputada cumpla la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, mientras el Ministerio Público continúa ampliando las investigaciones del caso.

De acuerdo con las autoridades, la joven fue arrestada tras la difusión de un video en el que se le observa visiblemente alterada, reclamándole al menor y preguntándole de manera insistente si “quería golpes”, para luego presuntamente agredirlo frente a la cámara, lo que provocó una fuerte reacción de rechazo en redes sociales.

El caso ha generado indignación en distintos sectores de la sociedad, mientras organismos judiciales aseguran que se dará seguimiento al proceso para garantizar justicia y la protección del menor.

Penalidad por abuso infantil

En la República Dominicana, la violencia infantil está sancionada por el marco legal vigente, especialmente a través de la Ley 136-03 (Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes) y el Código Penal.

Las agresiones físicas, psicológicas o cualquier forma de maltrato contra menores pueden conllevar penas de prisión que varían según la gravedad del hecho, pudiendo ir desde varios meses hasta más de 10 años de cárcel en casos severos. Además, cuando el agresor es el padre, madre o tutor, las sanciones pueden agravarse por el vínculo de responsabilidad y protección que recae sobre el adulto.

Asimismo, el sistema judicial contempla medidas de protección inmediata para salvaguardar la integridad del menor, como el retiro de la custodia, órdenes de alejamiento y la intervención de organismos como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. En los casos más graves, donde el maltrato derive en lesiones permanentes o la muerte del menor, las penas pueden aumentar considerablemente, reflejando la prioridad del Estado en garantizar la protección de la niñez y sancionar de manera ejemplar este tipo de delitos.